El 1 de Diciembre el TJUE se ha convertido en el interlocutor de los tribunales nacionales de ámbito penal, por lo que a partir de ahora, estos, podrán acudir a las resoluciones preliminares para aclarar las dudas existentes en la interpretación o aplicación del Derecho de la UE.
La Comisión Europea, por su parte, será quien se encargue de comprobar que las normas comunitarias se han adaptado a la legislación nacional. Y cuando un Estado Miembro, deje de lado sus deberes y lleve a cabo un incumplimiento, el caso será elevado a la Corte. Con esto “el TJUE se convertirá en el punto de referencia para los sistemas jurídicos de los Estados miembros” (El Economista Penal 5 de Diciembre 2014).
Con esta modificación se termina con las limitaciones del control judicial por parte del TJUE y de la función de la Comisión como guardiana del Tratado en lo que respecta a la cooperación judicial en materia penal, pudiendo iniciar procedimientos de infracción ante la aplicación incorrecta del Derecho de la UE.
Hasta hoy la cooperación policial y judicial en materia penal había sido el último asunto del llamado “tercer pilar”. El Tratado de Lisboa que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009 es el inicio de este periodo transitorio que permite que los Estados miembros y la Comisión hayan podido prepararse a fondo para este cambio y por lo tanto suavizar una transición hacia una nueva reforma de legislación y control judicial.
El objetivo de estas medidas es alcanzar una mejora sobre la transparencia del Derecho de la UE, un elemento esencial para legislar mejor.

Written by Sandra Cuesta Llerandi

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